La Recomendación (2013) del Consejo de la OCDE sobre la Igualdad de Género en la Educación, el Empleo y el Emprendimiento (Recommendation of the Council on Gender Equality in Education, Employment and Entrepreneurship), que promueve - entre otras cosas - la adopción de prácticas que mejoren las condiciones de trabajo para facilitar que las mujeres participen más en el empleo del sector público y privado. También recomienda aumentar la representación de las mujeres en puestos de adopción de decisiones, eliminar la brecha salarial de género discriminatoria, promover todas las medidas adecuadas para poner fin al acoso sexual en el lugar de trabajo, reducir la brecha de género en la actividad empresarial y prestar atención a las necesidades especiales de las mujeres pertenecientes a grupos minoritarios, desfavorecidos y migrantes.
En este contexto, existen un número variado de políticas nacionales que se han ajustado a dichas recomendaciones, pudiendo destacar:
Asimismo, se está trabajando permanentemente en el desarrollo de indicadores de género a través del Instituto Nacional de Estadística - INE.
Así también, durante 2016 se publicó el estudio de la OCDE sobre la Igualdad de Género en la Alianza del Pacífico, que concluyó que tanto Chile, como Colombia, México y Perú han logrado importantes adelantos en la participación de la mujer en la toma de decisiones; los años de escolaridad de las niñas; el ingreso de la mujer al mercado laboral; y la protección social para las familias, sin embargo, se destaca que la desigualdad económica se mantiene alta en toda la región, con un efecto especialmente duro en las mujeres, particularmente en aquellas pertenecientes al ámbito rural, con bajos ingresos y menor nivel educativo.
Por otro lado, se destacó que la maternidad genera dificultades para las mujeres con trabajo remunerado, dificultando aún más que las mujeres compitan equitativamente en la fuerza laboral, por consecuencia tienen menos probabilidades de conseguir un empleo remunerado que las que no tienen hijos. Así, el reporte destaca que la política chilena es la más generosa de la Alianza del Pacífico, ya que ofrece a los padres la posibilidad de compartir 12 semanas de licencia parental.
Por su parte, las publicaciones OECD Economic Survey: Chile (2015) y el Report on the Implementation of the OECD Gender Recommendations – Some progress on gender equality but much left to do (2017) destacaron que la brecha de género (en términos de participación laboral) es más importante en Chile que en el promedio de los países OCDE, hecho por el que se recomienda especialmente mejorar el acceso y calidad de salas cunas y jardines infantiles; aumentar los recursos dedicados a políticas laborales activas que se enfoquen en la participación laboral de las mujeres; e incorporar problemáticas relacionadas con cuestiones de género en el debate público mediante campañas de informaciones.
A partir de 2020 el Ministerio de la Mujer y Equidad de Género ha adoptado un rol activo dentro del recientemente lanzado Working Party on Gender Mainstreaming and Governance, que forma parte del Public Governance Committee. Junto a Canadá, Suecia, Suiza y Reino Unido, Chile forma parte del Bureau del grupo que tiene por objetivo discutir e impulsar medidas para la transversalización del enfoque de género en los Estados miembros de la OCDE. En este contexto, Chile ha tenido la oportunidad de presentar la experiencia nacional respecto de cómo el Estado puede incorporar una perspectiva de equidad de género en la recuperación económica derivada del COVID-19; al igual que respecto del acceso de las mujeres a la justicia frente a casos de violencia doméstica y limitaciones de movilidad creadas por la pandemia.
Como parte del grupo técnico en contra de la violencia hacia la mujer , Chile ha colaborado en el desarrollo del estudio Strengthening governance and survivor-centric approaches to eliminating gender-based violence: Towards a framework (2020), cuyo objetivo es identificar una serie de elementos clave que podrían informar el desarrollo de una herramienta práctica para que los países establezcan e implementen estrategias efectivas contra la violencia de género, incluida la creación de marcos institucionales y vías para el acceso a la justicia para las víctimas.
Por su parte, destaca el estudio de OCDE Gender Equality in Selected Latin American Countries: Towards a better sharing of paid and unpaid work. Este estudio, liderado por la Dirección de Trabajo y Asuntos Sociales de OCDE desde finales de 2019, tiene por objetivo revisar las brechas de género existentes en materia de educación y trabajo, además de los factores que impulsan estas brechas. Asimismo, presentará una recopilación de políticas públicas que promuevan una distribución más equitativa del trabajo remunerado y no remunerado.
1 Esto consiste en un conjunto de procedimientos y prácticas de gestión cuyo fin es alcanzar un cambio cultural para así reducir las brechas de género e incorporar medidas que favorezcan la conciliación y corresponsabilidad en las organizaciones, mediante la incorporación de medidas que promuevan la igualdad de oportunidades.
2 Boletín 12026-13.
3 Technical advisory group on strengthening public governance approaches to eliminating violence against women.
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