En la década de 1990, Chile inició un proceso dinámico de apertura económica, comenzando con una reducción unilateral de aranceles y negociando una amplia red de acuerdos comerciales bilaterales, multilaterales y plurilaterales. Así, el país creó un modelo de crecimiento basado en las exportaciones, en la atracción de inversión extranjera y promoción de inversión nacional en el extranjero.
En este escenario, se trabajó para ampliar las relaciones políticas y comerciales, primero con economías de la región, y posteriormente con América del Norte, Europa y Asia. Esto marcó el inicio de un proceso de globalización para un mercado interno pequeño, con potencial en recursos naturales, principalmente en la minería, a través de tres vías de apertura comercial: unilateral, bilateral y multilateral. Este proceso incluyó las primeras aproximaciones al trabajo, recomendaciones y herramientas de políticas públicas de la OCDE.
Entre 1992 y 2007, Chile priorizó el trabajo de la OCDE en comercio para mejorar sus tratados de libre comercio de “primera generación”, y ampliarlos a nuevas áreas, como la de comercio de servicios. También buscó acercarse a la “Nueva agenda de comercio”, que abarcaba comercio y medioambiente, y sumaba estándares laborales.
La adhesión de Chile a la OCDE, en 2010, ocurrió en un momento de creciente relevancia de la cooperación internacional, evidenciada por la crisis económica y financiera de 2009, que resaltó la necesidad de colaboración entre economías en desarrollo y avanzadas para restaurar el crecimiento y la confianza.