Solución de controversias Inversionista - Estado

Chile cuenta con una amplia red de 30 tratados de libre comercio con 65 economías, de los cuales 11 cuentan con capítulos de inversiones, estableciendo un mecanismo de resolución de controversias entre inversionistas y Estados. Adicionalmente, nuestro país ha ratificado 32 acuerdos bilaterales de promoción y protección de inversión, que otorgan un marco jurídico para regular la inversión recíproca y contemplan un mecanismo de solución de controversias entre inversionistas y Estados.

Con base en estos acuerdos, Chile ha sido demandado en cinco ocasiones: cuatro de ellas ante el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones (CIADI) y una vez ante la Corte Permanente de Arbitraje bajo las reglas de la Comisión de Naciones Unidas para el Derecho Mercantil (CNUDMI), siendo de esta forma uno de los Estados con menos demandas a nivel latinoamericano.

Programa de Defensa en Arbitrajes de Inversión Extranjera

La Subsecretaría de Relaciones Económicas Internacionales, como la entidad encargada de la coordinación y administración de los tratados en materia de relaciones económicas internacionales, y de las eventuales reclamaciones en materias relativas a inversión extranjera, ha tomado medidas para velar adecuadamente por la protección y defensa de los legítimos intereses del Estado.

En  2016, mediante el Decreto Supremo 125, del Ministerio de Relaciones Exteriores se creó el “Comité Interministerial para la Defensa del Estado en Controversias Internacionales en Materiales Relativas a Inversiones”.  Dicha instancia cumple una función supervisora, proponiendo lineamientos y medidas específicas al Presidente o Presidenta de la República para la coordinación, defensa y representación del Estado en disputas de inversiones. En dicho comité participan las más altas autoridades de los Ministerios de Relaciones Exteriores y Hacienda y del ministerio sectorial de la disputa.

En este contexto, el Programa de Defensa en Arbitrajes de Inversión Extranjera de SUBREI actúa como Secretaría Técnica del Comité, centralizando la información de las disputas y haciendo seguimiento de los casos que puedan resultar en potenciales controversias, con el objetivo de evitar el escalamiento de conflictos en la materia y citando al Comité Interministerial para presentarle los asuntos que requieran su conocimiento y decisión. De esta manera, SUBREI articula la estrategia del Estado en las potenciales y actuales controversias, coordinando a su vez con el estudio jurídico que asesore al Estado en su defensa.

Además, el Programa de Defensa lleva adelante los procesos de consultas y negociaciones amistosas con los inversionistas extranjeros bajo los acuerdos de inversiones o de libre comercio, encargándose de la coordinación entre las instituciones públicas involucradas en la controversia,

Adicionalmente, Chile participa activamente en los foros en donde se discuten posibles reformas al sistema de Solución de Controversias Inversionista-Estado, con el objetivo de abordar las falencias que presenta el arbitraje de inversión para el Estado de Chile y rescatando sus ventajas. Estas discusiones se están llevando a cabo tanto desde el 2017 ante el Grupo de Trabajo III de la CNUDMI, O UNCITRAL, por sus siglas en inglés, y ante el CIADI, con respecto a las propuestas de enmiendas a las reglas y reglamentos.

Reformas al Sistema de Solución de Controversias Inversionista-Estado

Actualmente, el Sistema de Solución de Controversias entre Inversionistas y Estados (SCIE) se encuentra sometido a distintos procesos de reforma. Por un lado, en julio de 2017, el Grupo de Trabajo III de la Comisión de Naciones Unidas para el Derecho Mercantil Internacional (CNUDMI), recibió el mandato de dicha Comisión para que (1) identifique y considere las preocupaciones en torno al sistema de SCIE, (2) establezca si la reforma es conveniente de acuerdo a lo identificado y, de ser así, (3) desarrolle y proponga a la Comisión, mecanismos para reformar el sistema desde el punto de vista procedimental. Actualmente, el Grupo de Trabajo se encuentra elaborando y desarrollando simultáneamente múltiples posibles herramientas de reforma dando así curso a la fase 3 del mandato. El Grupo convino que se adoptaría un enfoque flexible y pragmático respecto de las opciones de reforma a ser adoptadas, haciendo el esfuerzo de avanzar en el desarrollo de las soluciones de forma paralela y equitativa, asegurando que todas fueran debidamente consideradas.

Chile ha participado activamente en la discusión de las opciones de reforma para mejorar el sistema de SCIE, por medio de la presentación de documentos de trabajo y de propuestas orales, las cuales se encuentran disponibles a continuación, en la sección documental.

Por otro lado, el Centro Internacional para el Arreglo de Diferencias relativas a Inversiones (CIADI) se encuentra en un proceso de enmienda a sus reglas y reglamentos. El Convenio del CIADI, tratado multilateral que entró en vigor para Chile en 1992 y crea el CIADI, no es objeto de revisión. Desde su adopción, ha habido cuatro rondas de enmiendas a las reglas. El último proceso de esta naturaleza culminó en el año 2006, con la adopción de las reglas de arbitraje y conciliación actualmente aplicables. Teniendo en cuenta que en los últimos quince años, la práctica del arbitraje de inversión ante el CIADI ha evolucionado considerablemente con la irrupción de nuevas figuras, tales como el financiamiento por terceros, y que los avances en los procedimientos han visibilizado la necesidad de incorporar nuevos conceptos y herramientas, tales como las garantías por costos, el actual proceso de enmiendas se ha convertido en la revisión más extensa que se ha realizado hasta la fecha. El objetivo de las enmiendas es modernizar las Reglas del CIADI en base a la experiencia adquirida a través de los casos, teniendo en cuenta la necesidad de reducir los costos y duración de los procedimientos. También se está proponiendo por primera vez la adopción de reglas de mediación y se está introduciendo un nuevo capítulo sobre arbitraje expedito.

La Secretaría del CIADI ha preparado cuatro documentos de trabajo para el proceso de enmienda de sus reglas y reglamentos, incorporando las observaciones y comentarios de los distintos Estados miembros y del público en general.

Adicionalmente, las Secretarías del CIADI y de la CNUDMI se encuentran colaborando en la elaboración de un  Código de Conducta para Adjudicadores en procesos de Solución de Controversias entre Inversionistas y Estados. Chile presentó sus comentarios a este instrumento en noviembre de 2020.

Presentaciones de Chile en el Proceso de Reforma del Sistema de Solución de Controversias entre Inversionistas y Estados de la CNUDMI

Presentaciones de Chile en el Proceso de Enmiendas a las Reglas y Reglamentos del CIADI

Presentaciones de Chile en relación con el Código de Conducta para Adjudicadores

Marco normativo e institucional del proceso de consultas para la solución de controversias inversionista-estado

  • En 2016, tras la iniciación de las consultas en el caso relativo al Transantiago (en el que prevaleció el Estado con costas a inicios de este año), se decidió crear un marco regulatorio para la coordinación de la defensa del Estado en arbitrajes de inversión, por medio de la dictación de un Decreto Supremo del Ministerio de Relaciones Exteriores (Decreto Supremo 125 de diciembre de 2016).
  • Este Decreto Supremo crea un Comité Interministerial, cuyo título formal es Comité Interministerial para la Defensa del Estado en Controversias Internacionales en Materias Relativas a Inversiones, cuya función es asegurar que exista un acción coordinada y efectiva del Estado ante la existencia de controversias internacionales en materia de inversión extranjera, proponiendo acciones, lineamientos, directrices y otras medidas específicas para la coordinación, defensa y representación del Estado.
  • El Comité está conformado de manera permanente por el Ministerio de Relaciones Exteriores y el Ministerio de Hacienda. Además, integra el Comité respecto de cada controversia, el ministerio sectorial relevante para cada disputa, es decir, si una disputa involucra el sector de transporte, el Comité estará conformado por la Ministra(o) o Subsecretaria(o) de Transporte o, si involucra obras públicas será integrado por la Ministra(o) o Subsecretaria(o) de OO.PP. (Ver Arts 2 y 3 del DS 125).
  • Este Comité Interministerial cuenta con una Secretaría Técnica, rol que le fue asignado por el Decreto en comento a la otrora Dirección General de Relaciones Económicas Internacionales, la que desde julio de 2019 asumió en su reemplazo la Subsecretaría de Relaciones Económicas Internacionales (SUBREI). La función específica de Secretaría Técnica del Comité Interministerial dentro de la SUBREI la ejerce el Programa de Defensa, bajo la dirección directa del Subsecretario Rodrigo Yañez.
  • De conformidad con el Artículo séptimo del Decreto 125, la coordinación de las consultas amistosas y de las negociaciones emanadas de los mecanismos de solución de controversias internacionales le corresponde a SUBREI.
  • Hasta la fecha, el Comité se ha reunido en 25 oportunidades, lo que refleja la importancia y seriedad que el Estado otorga al seguimiento necesario de todas las disputas y potenciales controversias que surjan o puedan surgir de sus compromisos internacionales en materia de inversión extranjera.
  • Cabe añadir que con la entrada en vigor de la Ley de Modernización de la Cancillería (Ley N°21.080) se definieron las funciones de SUBREI en este campo, las que se encuentran reflejadas en el Art. 28, según el cual le corresponde a esta Subsecretaría “velar por el cumplimiento, aplicación y ejecución de los acuerdos internacionales que Chile celebre en el ámbito de las relaciones económicas internacionales, correspondiéndole, en especial, la prevención de los conflictos que puedan surgir en el marco de éstos”, además de “coordinar (…) la defensa de los derechos e intereses de Chile en las controversias que involucren al Estado de Chile en materia de relaciones económicas internacionales”
  • En consecuencia, la coordinación y defensa del Estado en arbitrajes de inversión extranjera posee un marco normativo e institucional preciso, contenido en la Ley 21.080 y en el Decreto Supremo N° 125 de 2016, que le ha permitido al Estado responder de manera eficiente y eficaz a las reclamaciones derivadas de los mecanismos de solución de controversia inversionista-Estado incorporados en nuestros Tratados.
  • Sobre la base de este marco normativo, y bajo la dirección del Subsecretario Yáñez, la SUBREI ha instaurado prácticas y protocolos para llevar a cabo los procesos de consultas amistosas bajo tratados en materia de inversión, los que se aplican de manera consistente ante el surgimiento de una diputa, institucionalizando así la defensa del Estado. Dichas prácticas se detallan a continuación:
    1. Una vez que el Programa de Defensa recibe la notificación de disputa solicitando el inicio de consultas al amparo de un tratado de inversión, se efectúa un análisis preliminar de la notificación, informando de su existencia al Ministerio de Hacienda, como miembro permanente del Comité.
    2. En un plazo que, por lo general, no supera una semana, el Subsecretario de Relaciones Económicas Internacionales envía al reclamante un acuse de recibo de la solicitud de consultas y notificación de disputa, solicitándole que en lo sucesivo todas las comunicaciones sean dirigidas a la SUBREI. Asimismo, se convoca al reclamante a una reunión preliminar con el Programa de Defensa.
    3. Esta primera reunión preliminar entre SUBREI y el reclamante tiene por objeto:
      • Permitirle al Programa de Defensa explicar a los reclamantes las características del proceso que se llevaría a cabo en caso de que el Estado decidiera iniciar un proceso de consultas bajo el Convenio, informándose también acerca del rol del Comité Interministerial y del trabajo de coordinación que la SUBREI ejerce.
      • Permitirle a los reclamantes presentar el fondo de sus reclamos, explicar cuáles son las medidas del Estado que consideran violatorias de las obligaciones internacionales de Chile y de qué manera consideran que la disputa da lugar a la existencia de una controversia relativa a inversiones bajo un Tratado. Esta información será luego presentada al Comité, el que decidirá si acepta o no la solicitud de iniciar un proceso de consultas.
    4. Se realizarán tantas reuniones como sean necesarias de esta índole (normalmente entre 1 y 2).

    5. Tras la reunión preliminar, se convoca a una sesión al Comité Interministerial, en la que se le presentará el contenido de las reclamaciones y solicitudes que efectúe el reclamante, y se establecerá si el Estado acepta o no la solicitud del reclamante de llevar a cabo las consultas.
    6. En caso de aprobarse la realización de consultas:
      • Se establecerá la composición de una mesa técnica, integrada por representantes de los ministerios que integren el Comité para esa disputa y que actuará como contraparte de los reclamantes durante las negociaciones.
      • El Comité Interministerial aprobará el texto del Acuerdo de Confidencialidad que cubrirá el proceso de consultas. El propósito de suscribir un acuerdo de confidencialidad es establecer un marco conducente a la resolución del conflicto que resguarde la privacidad de las comunicaciones entre las partes y evite que las potenciales concesiones recíprocas que se realicen en el proceso puedan ser utilizadas para sustentar la posición de alguna de las partes en un eventual arbitraje contra el Estado, si es que las consultas resultasen infructuosas. Adicionalmente, el Acuerdo de Confidencialidad establece una expresa reserva de derechos en relación con una potencial controversia, agregando que nada en el Acuerdo debe interpretarse como una renuncia o limitación de los derechos del Estado bajo el derecho chileno o el derecho internacional, ni como un reconocimiento implícito o explícito de ningún derecho, calidad o facultad de quienes soliciten las consultas.
    7. Tras la aprobación del curso de acción por el respectivo Comité Interministerial, se convocará a una primera reunión formal de consultas. El reclamante deberá informar de manera previa a la reunión quienes participarán en las reuniones de consultas y designar a un interlocutor para efectos de intercambiar comunicaciones.
    8. Se mantendrán reuniones con la periodicidad que se estime necesaria para procurar encontrar una solución, considerando que el Comité Interministerial deberá establecer las directrices y lineamientos de cualquier posición o curso de acción que sostenga la mesa técnica en representación del Estado durante las consultas.

Casos concluidos

En el 2017, los hermanos Ríos Velilla de nacionalidad colombiana, y controladores de Alsacia y Express, compañías operadoras de transporte público de pasajeros en Santiago, demandaron al Estado ante el CIADI alegando que ciertas acciones y omisiones de Chile relativas a la aplicación e implementación de los contratos de concesión celebrados con ambas compañías en el marco de la reforma del Transantiago impulsada en 2011, eran violatorias de los Artículos 9.2 (Trato no Menos Favorable que el otorgado a inversiones nacionales), 9.4 (Nivel Mínimo de Trato Justo y Equitativo y Protección y Seguridad Plenas) y 9.10 (Expropiación) del Tratado de Libre Comercio suscrito entre Chile y Colombia (TLC). Sobre esta base solicitaron al Tribunal que condenara a Chile a indemnizarlos por un monto de USD 354 millones.

Tras un procedimiento arbitral de casi 4 años, el 11 de enero de 2021, el Tribunal Arbitral emitió un laudo desestimando la totalidad de las reclamaciones de los Demandantes. El Tribunal concluyó que carecía de jurisdicción para conocer de una serie de reclamaciones, ya que los Demandantes no habían respetado la cláusula de prescripción del TLC. Respecto de las reclamaciones que caían bajo la jurisdicción del Tribunal, determinó que Chile no había sido responsable por las pérdidas económicas de las Compañías, por lo que concluyó que la conducta de Chile no violó sus obligaciones bajo el TLC. Consecuentemente, el Tribunal condenó a los Demandantes a asumir sus costos de representación más el 100% de las costas del procedimiento (USD 680.000) y el 40% de los costos incurridos por el Estado en su defensa, ordenándoles el reintegro de más de USD 2,6 millones a la República de Chile.

Tribunal Arbitral:

  • Gabrielle Kaufmann-Kohler (presidenta del tribunal arbitral) (suiza)
  • Oscar Garibaldi (nombrado por los Demandantes) (estadounidense y argentino)
  • Brigitte Stern (nombrado por Chile) (francesa)

Representantes de las Partes:

  • Chile: Programa de Defensa en Arbitrajes de Inversión Extranjera (Subsecretaría de Relaciones Económicas Internacionales); Arnold & Porter LLP (Washington y Londres); Cariola, Diez, Pérez-Cotapos (Santiago).
  • Demandantes: Dechert LLP (París); Bofill Escobar Silva (Santiago).

En 1997, el señor Víctor Pey Casado, de nacionalidad chileno-española y la Fundación Presidente Allende presentaron una demanda ante el CIADI alegando la violación por parte del Estado de Chile del Acuerdo de Promoción y Protección de las Inversiones suscrito entre Chile y España (APPI Chile-España). La controversia surge de la confiscación de los bienes de las sociedades Consorcio Publicitario y Periodístico S.A. y Empresa Periodística Clarín Ltda, responsables de la edición del diario Clarín, materializada mediante un Decreto Confiscatorio de 1975, más de 20 años antes de la entrada en vigor del APPI Chile-España en 1994.

Los demandantes alegaban supuesta expropiación ilegal bajo el artículo 5 del API además de esgrimir reclamos de discriminación (Art. 3) y falta de trato justo y equitativo (Art. 4). Por estas violaciones, pretendían inicialmente una indemnización por US$515 millones, que posteriormente elevaron a US$797 millones.

Tras más de 10 años de procedimiento arbitral, el Tribunal arbitral emitió un primer laudo en 2008 por el que desestimó la demanda principal por expropiación, considerando que la confiscación había ocurrido antes que el API entrara en vigor, pero consideró que el Estado había fallado en su deber de otorgar un trato justo y equitativo, incluida la obligación de abstenerse de toda denegación de justicia, por haber compensado e indemnizado a terceras personas por la confiscación del diario en el año 2000, y por la ausencia de decisión de las cortes nacionales sobre una demanda de restitución de una maquina iniciada por el Sr Pey en el año 1995. El Tribunal ordenó a Chile pagar una compensación de US$10.132.690, más costas y gastos incurridos por las demandantes, y un porcentaje de las costas procedimentales.

En 2009, el Estado presentó una solicitud de anulación del laudo de 2008, la cual fue acogida parcialmente por el comité ad-hoc en su decisión de 2012, al anular la sección de compensación de dicho laudo, considerando que el primer tribunal no había fundamentado correctamente el monto de la indemnización otorgado a los demandantes y manteniendo la validez de los demás pronunciamientos.

En 2013, los demandantes iniciaron un nuevo procedimiento ante el CIADI, llamado de nueva sumisión, con el objeto de ventilar la sección del laudo anulada en 2012. Este proceso culminó a favor de Chile con la emisión de un segundo laudo en 2016, el que un nuevo tribunal arbitral determinó que Chile nada adeudaba a los demandantes pues éstos no habían demostrado sufrir daños y perjuicios resultantes de la violación del trato justo y equitativo. En 2017, los demandantes presentaron una solicitud de anulación del laudo de 2016, la cual fue desestimada - tras 22 años de procedimiento - por un segundo Comité ad-hoc en una decisión de 2020, condenando a los demandantes a reembolsar al Estado parte de las costas del arbitraje por un monto de US$ 182.202,79.

Tribunal Arbitral Laudo 2008:

  • Profesor Pierre Lalive (presidente) (suizo)
  • Sr. Mohammed Chemloul (demandantes) (argelino)
  • Profesor Emmanuel Gaillard (nombrado por Presidente Consejo Administrativo CIADI) (francés)

Primer Comité ad hoc 2012:

  • Maître L. Yves Fortier, C.C., Q.C. (presidente) (canadiense)
  • Profesor Piero Bernardini (italiana)
  • Profesor Ahmed El-Kosheri (egipcia)

Tribunal Arbitral Laudo 2016:

  • Sr Frank Berman KCMG QC (presidente)(británico)
  • Sr. V. V. Veeder QC (demandantes) (británico)
  • Sr. Alexis Mourre (Chile) (francés)

Segundo Comité ad hoc 2020:

  • Sr. Rolf Knieper (presidente) (alemán)
  • Sr. Nicolas Angelet (belga)
  • Sra. Yuejiao Zhang (china)

Representantes de las Partes:

  • Chile: Procedimiento de arbitraje: Ministerio de Economía, Fomento y Reconstrucción; Arnold & Porter LLP. (Washington); Carey & Cía. Ltda (Santiago). Primer procedimiento de anulación: Comité de Inversiones Extranjeras (Ministerio de Economía, Fomento y Reconstrucción), Arnold & Porter LLP. (Washington); Carey & Cía. Ltda. (Santiago). Procedimiento de nueva sumisión: Agencia de Promoción de la Inversión Extranjera (Ministerio de Economía, Fomento y Reconstrucción), Arnold & Porter LLP. (Washington); Carey & Cía. Ltda. (Santiago). Segundo procedimiento de anulación: Programa de Defensa en Arbitrajes de Inversión Extranjera (Subsecretaría de Relaciones Económicas Internacionales); Arnold & Porter Kaye Scholer LLP (Washington).
  • Demandantes: Procedimiento de arbitraje: Garcés y Prada (Madrid); Gide, Loyrette, Nouel (Paris); Ropes & Grey (Washington). Primer procedimiento de anulación: Garcés y Prada (Madrid); Gide, Loyrette, Nouel (Paris); Buckley Sandler LLP (Washington). Procedimiento de nueva sumisión: Garcés y Prada (Madrid); Gide, Loyrette, Nouel (Paris); Buckley Sandler LLP (Washington). Segundo procedimiento de anulación: Garcés y Prada (Madrid); Gide, Loyrette, Nouel (Paris) Profesor Robert Howse (Washington).

Documentos relacionados:

El 12 de abril de 2017, en paralelo y mientras el segundo procedimiento de anulación ante el CIADI seguía pendiente, el Sr. Víctor Pey Casado y la Fundación Presidente Allende iniciaron un segundo caso bajo el Acuerdo de Promoción y Protección de las Inversiones suscrito entre Chile y España de conformidad con las reglas de la Comisión de las Naciones Unidas para el Derecho Mercantil Internacional, administrado por la Corte Permanente de Arbitraje.

La controversia surge de los mismos hechos ventilados en el caso ante el CIADI, relativos a la confiscación del Consorcio Publicitario y Periodístico S.A y de la Empresa Periodística Clarín Limitada e invocaron las mismas disposiciones del APPI Chile-España. Los Demandantes alegaban que ciertos hechos y reclamaciones no habían sido objeto de la disputa original o no habían sido decididas por los tribunales CIADI.

Tras un procedimiento arbitral de más de dos años, el Tribunal Arbitral emitió un laudo por falta de jurisdicción. El laudo además condenó a los Demandantes a reembolsar a Chile US$ 1.536.631,94, EUR 350.000 y CLP 29.273.572,8.

Tribunal Arbitral Laudo 2019:

  • Sr. Bernard Hanotiau (presidente) (belga);
  • Sra. Hélène Ruiz Fabri (demandantes) (francesa)
  • Sr. Stephen L. Drymer, (Chile) (canadiense)

Representantes de las Partes:

  • Chile: Programa de Defensa en Arbitrajes de Inversión Extranjera (Subsecretaría de Relaciones Económicas Internacionales); Arnold & Porter Kaye Scholer LLP (Washington).
  • Demandantes: Garcés y Prada (Madrid); Profesor Robert Howse (Washington), Torrontegui & Araya (Santiago).

En el 2003, la Sociedad Anónima Eduardo Vieira (Vieira) demandó a la República de Chile ante el CIADI, por considerar ciertas acciones del Estado contrarias a las disposiciones de trato justo y equitativo (Art. 4.1), trato nacional (Art. 4.1), trato de la nación más favorecida (Art. 4.2) y expropiación (Art. 5) del Acuerdo de Promoción y Protección de las Inversiones suscrito entre Chile y España (APPI Chile-España).

La disputa se vincula con un permiso de pesca otorgado en 1989 por la Subsecretaría de Pesca del Ministerio de Economía (SUBPESCA) a la empresa CONCAR, de propiedad de Vieira, que autorizó su actividad limitándola sólo a aguas interiores del Estado.  Tras esta primera decisión, CONCAR inició una serie de recursos y solicitudes de diversa índole para expandir su permiso de pesca a aguas exteriores.  Tras varios recursos, SUBPESCA amplió los derechos de pesca de la Empresa en 1999, la cual fue anulada en agosto de 2001 por los tribunales nacionales. En el intertanto y conforme con los criterios establecidos por la Ley 19.713 de enero de 2001, SUBPESCA decidió definitivamente que a CONCAR no calificaba para la asignación de cuotas de pesca en aguas exteriores.

Tras un procedimiento arbitral de casi 4 años, el Tribunal Arbitral emitió su laudo el 21 de agosto de 2007 considerando, por mayoría, que no tenía jurisdicción respecto de las reclamaciones de Vieira, puesto que los hechos centrales de la disputa habrían ocurrido con anterioridad al 29 de marzo de 1994, fecha en que entró en vigor el APPI Chile-España. Vieira presentó una solicitud de anulación, la que fue rechazada por decisión del Comité ad hoc del CIADI el 10 de diciembre de 2010.

Tribunal Arbitral:

  • Claus von Wobeser, (presidente) (mexicano)
  • Susana Czar de Zalduendo (nombrado por los Demandantes) (argentina)
  • Michael Reisman (nombrado por Chile) (estadounidense)

Comité ad hoc:

  • Christer Söderlund (presidente) (sueco)
  • Piero Bernardini (italiano)
  • Eduardo Silva (colombo-francés)

Representantes de las Partes:

  • Chile, procedimiento de arbitraje: Programa de Defensa en Juicios de Inversión Extranjera (Ministerio de Economía), Álvarez, Hinzpeter, Jana & Valle (Santiago), Winston & Strawn (Washington); Procedimiento de anulación: Ministerio de Economía; Bofill, Mir & Álvarez, Hinzpeter, Jana (Santiago), Arnold & Porter (Washington).
  • Demandantes, procedimiento de arbitraje y de anulación: Vinuesa & Asociados (Buenos Aires).

En 2001, MTD Equity Sdn. Bhd y MTD Chile S.A., de nacionalidad malasia, demandaron al Estado de Chile ante el CIADI, alegando una supuesta violación por parte de este último del Acuerdo de Promoción y Protección de las Inversiones suscrito entre Chile y Malasia (APPI Chile-Malasia).  La disputa está relacionada con el desarrollo de un proyecto inmobiliario y surge de la decisión del otrora Comité de Inversión Extranjera de aprobar la transferencia de fondos de MTD a Chile para la realización del proyecto, aun cuando el terreno adquirido para la construcción estaba destinado al uso silvoagropecuario, y por tanto, el proyecto era inviable. 

MTD solicitó una indemnización de USD 28.523.916 alegando supuestas vulneraciones del APPI Chile-Malasia incurridas por el Estado al contravenir su obligación de no expropiar sin cumplir los requisitos del tratado (Artículo 4 APPI Chile-Malasia) y la de otorgar un trato justo y equitativo a la inversión establecido en el APPI suscrito por Chile con Croacia y Dinamarca, al cual los demandantes malayos tuvieron acceso por medio del Artículo 3 del APPI Chile-Malasia, que obliga al Estado a otorgar el Trato de la Nación más Favorecida.

En mayo de 2004, tras tres años de procedimiento arbitral, el Tribunal Arbitral emitió un laudo condenando al Estado al pago de una indemnización de USD 5.871.332 considerando que éste había violado su obligación de otorgar un trato justo y equitativo al haber frustrado las legítimas expectativas de MTD por autorizar una inversión que no se podía realizar debido a la política urbana chilena. Sin embargo, consideró que las Demandantes debían asumir el 50%de los daños sufridos, al estimar que varias de sus decisiones aumentaron el riesgo al que estaban expuestas.  El 25 de mayo de 2004, Chile presentó una solicitud de anulación la que fue desestimada por una decisión del Comité ad-hoc del CIADI en marzo de 2007.

Tribunal Arbitral:

  • Andrés Rigo (presidente) (español)
  • Marc Lalonde (nombrado por los Demandantes) (canadiense)
  • Rodrigo Oreamuno (nombrado por Chile) (costarricense).

Comité ad hoc:

  • Gilbert Guillaume (presidente) (francés)
  • James Crawford (australiano)
  • Sara Ordóñez (colombiana).

Representantes de las Partes:

  • Chile: Procedimiento de arbitraje: Comité de Inversiones Extranjeras (Ministerio de Economía); White & Case (Washington); Cariola Diez, Pérez Cotapos (Santiago). Procedimiento de anulación: Comité de Inversiones Extranjeras; Winston & Strawn (Washington).
  • Demandantes: Procedimiento de arbitraje: Covington & Burling (Washington); Grasty Quintana Majlis (Santiago).  Procedimiento de anulación: Covington & Burling (Wahington).

Casos pendientes

En abril 2021, Interconexión Eléctrica S.A. E.S.P. (“ISA”), compañía colombiana, presentó una Solicitud de Arbitraje ante el CIADI, por la cual demandó al Estado de Chile, alegando una supuesta violación por parte de este último del Tratado de Libre Comercio suscrito entre Chile y Colombia (TLC), y en particular de las obligaciones contenidas en el artículo 9.4 (Nivel Mínimo de Trato Justo y Equitativo y Protección y Seguridades Planes). ISA además invocó la cláusula de Trato de Nación Más Favorecida, para intentar favorecerse de la clausula paraguas contenida en otros tratados de libre comercio de los que Chile es parte.

La disputa está relacionada con la construcción de la línea de transmisión eléctrica Cardones-Polpaico, que consta de tres tramos y entró en operación en mayo de 2019 (el “Proyecto”). La empresa incurrió en retrasos de 135 y 499 días para la finalización de los tramos 2 y 3 del Proyecto, respectivamente. Tras la conclusión de sendos procesos administrativos en los que la Reclamante tuvo amplias oportunidades para presentar pruebas y argumentos, el Ministerio de Energía determinó, sobre la base de la normativa aplicable y el expediente presentado, que no existía una eximente de responsabilidad (fuerza mayor, caso fortuito u otro) que justificara el total de los retrasos. Consecuentemente, y en apego a la legislación vigente, se ordenó el cobro de boletas de garantía y la aplicación de multas a Interchile, subsidiaria local de ISA.

La empresa alega que los atrasos no le son imputables, sino que resultarían, según ella, en gran medida de actos u omisiones del Estado de Chile o actos imputables a terceros y que el actuar de Chile, al imponerle multas y cobros por los retrasos y verse obligada a incurrir sobrecostos para mitigar el impacto de los retrasos, constituyen una violación del Tratado. Considera además que las acciones del Estado le impidieron obtener ingresos derivados de la explotación del Proyecto y propiciaron que empresas generadoras hayan interpuesto acciones en contra de Interchile producto de su retraso.

La Solicitud de Arbitraje fue registrada por el CIADI el 17 de mayo de 2021. Actualmente las Partes están en el proceso de constituir el tribunal arbitral, órgano que estará a cargo de adjudicar la disputa. Más información sobre el caso se encuentra disponible en la página web del CIADI aquí.

Tribunal Arbitral:

Representantes de las Partes:

  • Chile: Programa de Defensa en Arbitrajes de Inversión Extranjera (Subsecretaría de Relaciones Económicas Internacionales); Three Crowns LLP (Washington y Londres).
  • Demandante: Dechert LLP (París); Gutiérrez Waugh Jimeno & Asenjo Abogados.

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